El 22 de junio de 2007 se aprobó la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en la que se definen las directrices que deben ser observadas y aplicadas en las relaciones, por medios electrónicos, con las Administraciones Públicas. La Ley se plantea como reto fundamental garantizar la seguridad en los sistemas de información que posibilitaran dichas relaciones y las prestaciones de los servicios demandados. Se incluye por ley el desarrollo de un entorno estandarizado (objetivos estratégicos, requisitos, principios, controles, etc…), pero moldeable según la estructura y funcionalidad de la entidad a adecuar (datos tratados, nivel de seguridad exigible, riesgos, etc…).